¿A dónde fue a parar el dinero señalado por la Contraloría? Te desglosamos las instituciones estatales y los gobiernos locales que encabezan la lista de irregularidades del último
¿A dónde fue a parar el dinero señalado por la Contraloría? Te desglosamos las instituciones estatales y los gobiernos locales que encabezan la lista de irregularidades del último ejercicio fiscal.
La fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC) expone malas prácticas en instituciones de Estado en el uso de recursos públicos por Q9 mil 6 millones 96 mil 98.94, según el informe de auditoría del 2025.
Este informe fue entregado por Frank Bode Fuentes, contralor General de Cuentas, a Luis Contreras, presidente de Congreso, en cumplimiento a las responsabilidades constitucionales que tiene la CGC.
El mal uso de los recursos públicos dejó recomendaciones a las dependencias auditadas, pero las inspecciones del equipo de auditores también dejó más de un centenar de denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP).
Los más de Q9 mil millones reportados son el equivalente a 3 mil 251 hallazgos, que provienen de mil 14 exámenes especiales de auditoría y 2 mil 237auditorías financieras de cumplimiento y de desempeño.
Pero además de esos hallazgos, la CGC también impuso 3 mil 80 sanciones económicas a trabajadores de Estado por un monto global de Q162 millones 403 mil 623.34. También reportan en el global de acciones 57 formulaciones por un monto de Q71 millones 904 mil 386.50.
Pero entre las acciones que podrían llevar procesos penales contra los funcionarios involucrados en el mal uso de los recursos públicos, aparecen las denuncias que fueron presentadas ante el MP.
El trabajo de fiscalización correspondiente al año 2025 dejó 114 denuncias, equivalentes a un monto de Q8 mil 771 millones, 788 mil89.10, según detalla el informe entregado a las autoridades del Congreso.
Entre las instituciones que fueron denunciadas por aparentes irregularidades en el control de los recursos públicos destacan algunos ministerios de Estado junto a corporaciones municipales.
Las dudas sobre el gasto público a cargo de 10 ministerios de Estado en el 2025, hizo que la CGC tuviera que presentar 55 denuncias, casos que se encuentran con investigaciones abiertas ante el MP.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) fue la entidad más cuestionada con 16 denuncias. Uno de los casos denunciados fue Unops, por Q7 mil 274 millones 272 mil 64.23.
Le sigue el Ministerio de Gobernación (Mingob), con 13 denuncias, entre ellas el proceso de compra de uniformes para agentes policiales por Q40 millones; y la sustracción de componentes de vehículos que están en custodia de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) por QQ57 millones 843 mil 224.78.
Los ministerios de Educación (Mineduc), de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga), y el de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), cada uno recibió seis denuncias.
Entre algunos de estos casos destacan en el Maga irregularidades por Q32 millones 496 mil 906.24 por no cancelar licencias por incumplimiento a la ley general de pesca, y otra por Q54 millones 659 mil 894.19, por un sistema de riego en Huehuetenango.
El CIV detalla algunas denuncias por una obra abandonada en San Juan Chactelá por Q304 millones 924 mil 508.89; y por anomalías en la construcción del Hospital de Coatepeque por Q274 millones, 624 mil 220.24.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) recibió tres denuncias; el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), dos; mientras que el Ministerio de Cultura y Deportes (Micude), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) y el Ministerio de Defensa (Mindef), recibieron una cada uno.
En los casos que destacan del Mides aparece la primera denuncia por Q9 millones 174 mil 910, por la recepción y pago de módulos educativos no fabricados, y otra por Q6 millones 834 mil 208, por irregularidades en otra serie de equipo destinado para escuelas que tampoco fue fabricado.
A nivel local, el manejo de los fondos también dejó reparos importantes en varias comunas, destacando casos en Sacatepéquez, Suchitepéquez y Chimaltenango.
Estas son las alcaldías señaladas puntualmente por la CGC:
Es fundamental entender que los funcionarios e instituciones señaladas entran ahora a una fase de descargos. Tienen el derecho legal de presentar pruebas para justificar y aclarar el gasto de estos recursos.
Si las pruebas no son suficientes para desvanecer los reparos de la Contraloría, las consecuencias se dividen en dos vías:
Es evidente que el control de los fondos no solo es un reto para los grandes ministerios de la capital, sino también para las municipalidades que tienen el deber de ejecutar obras en nuestras comunidades. Al ver este listado, ¿crees que los vecinos tienen suficientes herramientas para auditar y exigir cuentas claras a sus alcaldes? Déjanos tu comentario, queremos leer tu opinión.
